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Los beneficiarios en la causa judicial por la expropiación de YPF solicitaron una audiencia con la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Aseguran que Argentina está trabando el discovery de activos que podrían ser embargados y solicitan información sobre acciones de YPF, concesiones para la exploración de recursos naturales y hasta del SWAP con China.

El 10 de enero pasado comenzó el plazo mediante el cual los demandantes en la causa YPF pueden trabarle embargar a activos argentinos para empezar a cobrar parte de la sentencia de u$s 16.100 millones. La jueza le había pedido al país que presentara activos en garantía, como por ejemplo, el 26% de las acciones que tiene el Estado sobre YPF. Esto no se hizo, por lo que Preska habilitó la posibilidad de embargos, al considerar que desde la sentencia, en septiembre del 2023, “no hubo ninguna evidencia de ningún intento de pagar”.

Cuando ya se cumplió más de un mes de la posibilidad de que avanzaran los embargos, Sebastián Maril, abogado de Latam Advisors, explicó por qué esto no ocurría: “Esta madrugada finalmente nos enteramos porqué los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF aún no habían ejercido su derecho a embargar activos del Estado: Argentina no está cooperando desde el primer pedido de información el pasado 16 de octubre”.

Por este motivo, los beneficiarios del fallo solicitaron una audiencia con la jueza Preska porque Argentina “está trabando el discovery de activos” que podrían ser embargados, agregó Maril. Solicitaron información al gobierno sobre: acciones de YPF expropiadas a Repsol, otras acciones de YPF en manos del Estado, cuentas, activos, deudas y transacciones valuados es más de 1 millón de dólares, el SWAP con China y concesiones para la exploración de recursos naturales. Además, solicitaron información sobre Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARS A y el Banco Nación.

Avanzar con trabar un embargo no es algo sencillo. Así lo explicó en su cuenta de X el abogado Sebastián Soler: “La capacidad de los demandantes de embargar está restringida por la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos”. Según detalló, el “Foreign Sovereign Immunities Act trata distinto los casos en que el Estado demandado renunció a su inmunidad de ejecución (como ocurrió en el contrato de los bonos emitidos en los 90 y defaulteados en 2001) y los casos, como este de YPF, en que Argentina nunca renunció a ella”.

Como Argentina no renunció a esa inmunidad, para que puedan embargarse bienes deberían cumplirse 3 requisitos, todos al mismo tiempo: 1) que el Estado sea su dueño 2) que el bien se usa para una actividad comercial en Estados Unidos 3) que el bien que se pretende embargar “es o fue usado para la actividad comercial en que se basa el reclamo”.

La semana pasada Argentina presentó los argumentos para apelar el juicio, en el debut de la estrategia judicial bajo la presidencia de Javier Milei. Allí se siguió la misma línea de los gobiernos anteriores: se pidió revocar la decisión porque consideran que la demanda debería tratarse bajo jurisdicción argentina, y que los daños de la sentencia fueron “inflados”.

La próxima fecha clave será el 25 de marzo: los demandantes apelarán la decisión de Preska de haber eximido a YPF de responsabilidades en el juicio y haber incluido únicamente al Estado, por lo que volverán a incluir a la petrolera dentro de la causa judicial. Una vez presentadas la apelación de ambas partes, fuentes judiciales estiman que la cámara no se expedirá hasta después de septiembre Solicitan información sobre acciones de YPF y empresas estatales como Arsat o el Banco Nación

El Cronista